¿Y cuál es tu valoración de la propuesta de Ley transicional que está examinando la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa?

Hay una propuesta de la Procuraduría de Derechos Humanos y otra de la sociedad civil, pero esta comisión empezó entrevistando a los victimarios y deslegitimando y atacando a las organizaciones sociales. La presidenta de esta comisión, Rebeca Santos, afirma que Pro Búsqueda es una organización de fachada, que ha revictimizado y se ha aprovechado de las víctimas y se ha lucrado de ellas.

*La iniciativa de Ley de Justicia Transicional surge como parte del cumplimiento del fallo de la Sala de lo Constitucional que, en julio de 2016 declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General de 1983, la cual había impedido el juzgamiento de los crímenes más graves cometidos durante la guerra (1980-1992) en El Salvador. El objetivo es que la Ley que sea aprobada incluya los estándares internacionales y los parámetros constitucionales sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

¿Crees que existen similitudes entre el pasado y el presente en términos de desapariciones forzadas?

Primero la forma en que se justifican las acciones del presente, mientras desaparecían niños y niñas y se daban estas atrocidades como las del Mozote, el Estado salvadoreño negaba que eso ocurría. Después empezó a minimizar esas acciones y por último terminó justificando.

Y eso mismo está pasando ahora, hay una campaña de persecución política, de captura indiscriminada de jóvenes en la que no presumen la inocencia y niegan que eso este pasando bajo el argumento que solo están capturando pandilleros.  Frente a más de 35 mil capturas durante el estado de excepción, el presidente de la república reconoce que hay un error del 1%, pero minimiza el impacto cuando las organizaciones están hablando de capturas ilegales y por último están justificando porque estamos en guerra contra las pandillas.

Son similitudes evidentes con el pasado, de eso se jactan los de Nuevas Ideas de decir que no tienen nada que ver con el conflicto armado, que no vivieron la guerra, que no tienen ningún interés, pero para ser cierto, están repitiendo muy bien todos esos procedimientos que pensamos que ya no se iban a repetir.

*Desde 1931, El Salvador ha sido gobernado por militares. Después de los Acuerdos de Paz, uno de los temas centrales de la incipiente democracia fue restar poder y protagonismo al ejército. Sin embargo, durante los 20 años que gobernó la derecha, los 10 que correspondieron a la izquierda y, el actual gobierno de Bukele, han establecido una relación estratégicamente cercana, de encubrimiento y de confianza con las Fuerzas Armadas. En pleno Siglo XXI, los gobiernos salvadoreños auto denominados democráticos han continuado utilizando al ejército como símbolo de protección y garantía para mantener el orden establecido y el poder.