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Foto: Iván Montecinos

Un aniversario más en impunidad

La libertad condicional a uno de los jefes castrenses que fue acusado por la masacre de los sacerdotes jesuitas en 1989 es un episodio más en la cultura de absolución que caracteriza al sistema judicial salvadoreño.

Eric Lombardo Lemus
Fotografías: Iván Montecinos, Luis Galdámez, Giuseppe Dezza

Noviembre 18, 2022

El coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno perteneció a la promoción que se graduó de la Escuela Militar en 1966 y que fue conocida como “La Tandona” por la numerosa cantidad de oficiales egresados en dicho año. Con el paso del tiempo, dicho grupo fue ascendiendo en los estratos castrenses de forma granítica hasta protagonizar la conducción malograda de la guerra civil en la segunda mitad de los años ochenta. 

Compañero de José Emilio Ponce, Francisco Helena Fuentes, Juan Orlando Zepeda, Humberto Larios, Inocente Orlando Montano, el coronel Benavides estuvo a cargo de coordinar la ejecución de la masacre echando mano de un comando del Batallón Atlacatl. Como jefes militares fueron más eficaces eliminando civiles desarmados que asestando derrotas al enemigo.  

Pese a que no estuvo presente físicamente en el campus universitario donde perpetraron los asesinatos de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres (Elba Ramos y su hija Celina), que eran colaboradores de servicios domésticos, a Benavides se le condenó el 23 de enero de 1992 a 30 años de prisión luego que un jurado lo encontró culpable por los ocho homicidios debido a que fue quién ordenó a los tenientes José Ricardo Espinoza Guerra y Yusshy René Mendoza Vallecillos asesinar a los religiosos y no dejar testigos. 

La presencia de Benavides Moreno durante el juicio celebrado en enero de 1992 siempre fue la de un personaje inusualmente vulnerable. Contrario al físico corpulento de los otros acusados, la imagen del militar era más cercana a la de un burócrata inofensivo con un gesto ausente detrás de las molduras anticuadas de sus lentes de aumento. La amnistía general que aprobó la Asamblea Legislativa lo liberó de la prisión el 1 de abril de 1993, cuando salió de la cárcel de Apanteos, en Santa Ana.

Sin embargo, la recaptura de Benavides Moreno acaeció luego que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía en 2016. Pero el lunes 14 de noviembre, dos días antes de la conmemoración 33° de la matanza, el juez penitenciario favoreció con la libertad condicional anticipada a quien ahora es un anciano de 77 años de edad.

El rostro macilento de Benavides dista del burócrata impoluto de tres décadas atrás. Sin embargo, lo que sigue invariable es el silencio, la omertá, que guarda con la misma disciplina fría y calculada con la que siguió la órdenes emitidas aquella noche del 16 de noviembre de 1989. 

Benavides fue beneficiado con la Ley Penitenciaria con la libertad condicional anticipada porque se habían cumplido los parámetros que consisten en haber cumplido más de 60 años y un tercio de la condena, es decir, diez de un total de 30 años de prisión. Del grupo que planificó la eliminación de Ignacio Ellacuría y los otros religiosos han fallecido René Emilio Ponce (2 de mayo de 2011) por una afección cardíaca y Francisco Helena Fuentes el 10 de enero pasado debido a un derrame cerebral; mientras que Inocente Montano es el único que envejece en un reclusorio en España. 

Al general Ponce lo recuerdo elusivo un día que lo encontré en la sede de la antigua Escuela Militar durante un agasajo militar. Vestía traje sastre y corbata y su aspecto era diametralmente opuesto al jefe que usó uniforme de campaña verde olivo mientras encabezó conferencias de prensa. En cambio, a Fuentes lo encontré un día de 2003 que vino a un recital musical en la antigua sede de la Asociación de Periodistas, ubicada sobre el Paseo Escalón. El otrora jefe de la primera brigada de infantería era un abuelo afable por el virtuosismo de su nieto al violín. Todavía hubo tiempo para bromear por su malhumor contra la prensa y las carreras que nos hizo sacar huyendo del gas lacrimógeno. 

33 años después de la acción cobarde contra Elba Ramos y su hija Celina, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López Quintana, Juan Ramón Jimenéz, Joaquín López y López e Ignacio Ellacuría, el país sigue normalizando la pérdida de memoria. Nadie pregunta por el paradero del resto de los implicados ni ahonda sobre el rol que tuvo que desempeñar el ex presidente Alfredo Cristiani, quien, como comandante en jefe de las fuerzas armadas, siempre sostuvo que nunca supo nada por inaudito que se escuche.

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