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Crónica
Intervención callejera de población que asistió a la marcha del 20 de octubre frente al parque a Centroamérica.
El paro nacional indefinido:
La estrategia de los pueblos originarios ante la crisis política guatemalteca
Texto y fotografías: Donald Josué Urizar Miranda*
Noviembre 3, 2023
La ciudadanía de Guatemala liderada por los 48 Cantones de Totonicapán continúan con las protestas en contra de los intentos de golpe de Estado que funcionarios e instancias estatales impulsan para evitar la legítima toma de posesión de Bernardo Arévalo, presidente electo en los comicios de agosto en Guatemala.
Quetzaltenango. Guatemala vive uno de los periodos más convulsos de su historia reciente: Bernardo Arévalo, del partido político Movimiento Semilla, ganó la presidencia en las elecciones generales del 27 de agosto de 2023. El Movimiento Semilla es un partido conformado por capas medias urbanas, académicos e intelectuales que, motivados por las protestas del 2015, decidieron constituir un partido político que reconciliara la ética con la política y cuyo eslogan, “hasta ser mayoría”, caló en la población joven, apática y apolítica ante un proceso electoral viciado desde sus inicios.
Fuimos testigos de los bloqueos a otros binomios presidenciales, como el de Thelma Cabrera y Jordán Rodas, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), así como al de Roberto Arzú García-Granados y David Pineda, del partido Podemos. Además, hemos presenciado los intentos del Ministerio Público para cancelar la personería jurídica del partido ganador, Movimiento Semilla, en clara afrenta a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, a la Constitución Política de la República de Guatemala y a la voluntad popular que le dio una mayoría abrumadora a Bernardo Arévalo, hito histórico superado solamente por Vinicio Cerezo Arévalo, en 1985.
Ante la grave vulneración de la voluntad popular expresada en las urnas, las autoridades ancestrales de Totonicapán y Sololá presentaron una serie de memoriales al Ministerio Público, a la Corte de Constitucionalidad y al Organismo Judicial desde el mes de julio de 2023, en los cuales solicitaron la extensión de la convocatoria a elecciones generales hasta el 15 de enero de 2024 para permitir que Bernardo Arévalo y Karin Herrera, presidente y vicepresidenta electos; los 23 diputados; los alcaldes y los concejales electos del partido Movimiento Semilla asuman el 14 de enero de 2024 con todas las garantías, para una transición ordenada y pacífica.
Ante los silencios y resoluciones espurias de la Corte de Constitucionalidad (cuyos magistrados responden a intereses de Alejandro Giammattei, presidente saliente) y a la persecución permanente contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (entidades por las cuales se creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–), la Fundación Contra el Terrorismo y otros órganos de la extrema derecha guatemalteca actúan con total impunidad desde el Ministerio Público, demeritando las acciones jurídicas y los plantones convocados por colectivos ciudadanos entre mayo y septiembre de 2023.
En este escenario, distintos abogados constitucionalistas, activistas y organizaciones de derechos humanos coinciden en que se está gestando un golpe de Estado técnico desde la administración de Alejandro Giammattei, la cual está buscando que Bernardo Arévalo no asuma la presidencia y, si lo hace, que sea sin partido ni bancada en el Congreso de la República. Pese a ello, el TSE ya ratificó los nombramientos del binomio electo, así como los de los diputados del Movimiento Semilla, lo cual les garantiza inmunidad.
Para que Guatemala tenga una transición ordenada y para garantizar la paz en el país, las autoridades ancestrales de los 48 cantones de Totonicapán exigieron la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras. De no hacerlo, advirtieron, la población estaría volcada en las calles. Fue así como distintos colectivos urbanos, indígenas, estudiantes de distintas universidades, trabajadoras y trabajadores de los mercados, sindicatos y la ciudadanía consciente llamaron al paro nacional indefinido, que comenzó el 2 de octubre de 2023 con la toma de las principales carreteras del país.
Con la renuncia de los funcionarios mencionados se busca que haya una transición ordenada y que la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo el 14 de enero de 2024 sea pacífica y democrática.
Estudiantes del movimiento Rescate CUNOC (Universidad de San Carlos de Guatemala) y Landivarianos Xela (Universidad Rafael Landivar).
Algunos de los líderes de la multisectorial de occidente.
Piñata creada por la gente y la dejada colocada en el frontispicio de la municipalidad.
Los plantones frente al Ministerio Público fueron gestados por los colectivos urbanos en la ciudad de Guatemala, mientras que las tomas de las principales carreteras del país se dieron en coordinación con organizaciones comunitarias de San Cristóbal, Totonicapán; con la Alcaldía Indígena de Sololá, con el Parlamento Xinca y con otras organizaciones sociales e indígenas de Guatemala.
El paro surgió con una consigna clara: las renuncias de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras; del fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; de la segunda fiscal de la FECI, Cinthia Mazariegos y la del juez séptimo, Fredy Orellana; “los cuatro jinetes del apocalipsis”, identificados como los principales responsables de la persecución penal contra el partido Movimiento Semilla. Con la renuncia de los funcionarios mencionados se busca que haya una transición ordenada y que la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo el 14 de enero de 2024 sea pacífica y democrática.
Si bien desde el 2015 se vienen realizando paros nacionales, ninguno tuvo un impacto mediático, político y económico tan potente como el actual, puesto que se gestaban desde las clases medias urbanas desvinculadas del tejido social y comunitario del entorno urbano y de los pueblos del interior de la república. Era comprensible que las poblaciones urbanas no pudieran articularse, ya que el tejido social fue roto durante la guerra y el silencio fue la norma en la generación que me antecede.
Yo, uno de los tantos jóvenes que en el 2015 abarrotamos las calles de Guatemala exigiendo la renuncia del general Otto Pérez Molina, criminal de guerra y presidente, y la de Roxana Baldetti, vicepresidente; vi con gran esperanza el llamado al paro nacional indefinido desde las bases comunitarias, con todos sus matices y expresiones a lo largo del territorio nacional.
Como artista y gestor cultural valoro cómo la apropiación del espacio público ha sido crucial para la exigencia y reivindicación de derechos humanos y colectivos y es, quizá, uno de los mayores logros alcanzados después de las renuncias de Otto Pérez Molina y de Roxana Baldetti en el 2015. Mi generación reconoció el papel político que el espacio público ejerce frente a la represión, la barbarie y el silencio cómplice de los poderes fácticos que mecen la cuna en nuestras frágiles democracias centroamericanas.
Este 2023, de nuevo, estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Universidad Rafael Landívar, que desde el 2015 conformaron agrupaciones estudiantiles para responder a un pueblo que demanda mayor compromiso social a sus futuros profesionales, motivaron a que más universitarios, colegios, gremios (transportistas, mercados, entre otros) decidieran apoyar a las autoridades ancestrales en el paro nacional indefinido, generando nuevas formas de organización urbana y rural donde la creatividad y la creación de comunidad se contrapone al relato oficial de criminalizar las protestas.
Distintos barrios a lo largo de la ciudad capital han creado comunidad y digna resistencia a través de la creatividad, el baile, el arte callejero y el vernos como ciudadanos iguales y capaces de cambiar el rumbo de nuestra historia.
Intervención artística de Kolibrí Azul, artista de circo y Raquel Argueta, saxofonista.
Después de una semana de resistencia, el lunes 9 de octubre por la mañana, Consuelo Porras brindó un mensaje televisivo en el cual, visiblemente molesta, anunció que no renunciaría y, posteriormente, Alejandro Giammattei, a las 17:00 horas, argumentó que las protestas generaban ataques a la propiedad privada. A las 19:00 horas, una turba de infiltrados atacó el Monumento al Bicentenario construido en la Plaza de la Constitución, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, donde lanzaron gases lacrimógenos y dañaron propiedad privada, frente a las “fuerzas del orden” que no actuaron para detenerlos.
Varios internautas registraron con fotografías y videos que desde el ministerio de gobernación estaban armando a personas que serían infiltradas para atacar objetivos dentro de las protestas. Varios de ellos fueron fotografiados posteriormente irrumpiendo en el Monumento al Bicentenario. La cuenta oficial de la Policía Nacional Civil subió un mensaje en su red oficial X constatando esta información, el cual fue borrado posteriormente de la plataforma.
Ese mismo lunes, la Corte de Constitucionalidad amparó a Consuelo Porras y al Ministerio Público, ordenando el desalojo de las protestas por medio de las fuerzas policiales y del Ejército.
El martes 10 de octubre la colonia Bethania libró el primer hostigamiento del gobierno sobre el periférico de la zona 7 de ciudad de Guatemala. A criterio del Ministerio de Gobernación, esta colonia está catalogada como “zona roja” y su población es segregada en distintos círculos sociales de la capital; sin embargo, dieron la primera muestra de lucha y resistencia pacífica al contener y expulsar a los antimotines de la Policía Nacional Civil ese día.
Si bien el gobierno sacó el Ejército a las calles (violando así el acuerdo séptimo de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera), otra colonia popular, Villa Linda, de la zona 7, también contuvo los camiones del Ejército el mismo 10 de octubre. Así, distintos barrios y colonias populares a lo largo de la metrópoli más grande y desigual de Centroamérica han creado comunidad y digna resistencia a través de la creatividad, el baile, el arte callejero y lo más valioso: el vernos como iguales y como ciudadanos capaces de cambiar el rumbo de nuestra historia.
El jueves 12 de octubre de 2023, hubo una reunión de acercamiento entre las autoridades ancestrales y Alejandro Giammattei. Dicha reunión fue infructuosa, porque el presidente argumentó carecer de las facultades para exigir la renuncia a Consuelo Porras. Desde entonces, las autoridades ancestrales decidieron continuar con los bloqueos hasta que renuncien los golpistas.
El sábado, 14 de octubre, Miguel Martínez, pareja sentimental de Alejandro Giammattei, y su familia, visitaron la Iglesia de La Merced para la confirmación y graduación de su sobrino quinceañero en el Colegio La Salle de la Antigua Guatemala. La población antigüeña fue a recibirlo con una manifestación contra el poder y bienes que la familia Martínez ha acumulado desde que Alejandro Giammattei tomó la presidencia. La familia Martínez se desplazó en helicóptero a la Antigua Guatemala, después, con vehículos de alta gama, los cuales están a nombres de empresas con contratos millonarios con la alcaldía metropolitana de Guatemala y con el gobierno central, y Miguel Martínez, pese a no ser funcionario de gobierno, tuvo seguridad de la Policía Nacional Civil.
Organismos estatales y cámaras empresariales han creado una contranarrativa en radio, prensa, televisión y redes sociales para deslegitimar la digna resistencia de la población y responsabilizar a Bernardo Arévalo de las protestas.
Las autoridades ancestrales de San Carlos, Sija, durante una de las actividades de protesta.
Carteles colocados por la gente que caminó durante la marcha.
El 16 de octubre, a las 13:00 horas, un comando armado con más de 50 hombres llegó a despejar la carretera en el Cruce de Orizaba, del municipio de Malacatán, San Marcos; municipio fronterizo con fuerte presencia de narcos. Uno de los guardaespaldas del alcalde electo del municipio de Ocós, San Marcos, Álvaro Guillermo López Rabanales —del Partido Vamos, el mismo del presidente saliente Alejandro Giammattei— identificado como Gober Misael Soto Alvarado, asesinó a Francisco Gonzalo Velásquez Gómez, uno de los manifestantes que habían tomado la carretera. Francisco era jornalero y productor de malanga.
¿Cuál ha sido la respuesta de los pueblos? ¡La digna resistencia de la creación de comunidad!
En Quetzaltenango, el Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango y la Multisectorial de Occidente, entidades comunitarias que aglutinan a estudiantes, organizaciones indígenas y campesinas, colectivos y ciudadanía, además de convocar a las protestas, recolectó víveres durante quince días, los cuales fueron entregados por la noche, después de protestas, a las distintas comunidades que tomaron 4 Caminos, en San Cristóbal, Totonicapán, desde el martes 3 de octubre hasta el sábado 21 de octubre. La solidaridad se replicó en otras ciudades del país.
Las autoridades ancestrales liberaron algunos puntos estratégicos desde el lunes 16 de octubre, para permitir el abastecimiento de bienes y servicios en el país. Sin embargo, con ello no dieron tregua al gobierno: entendieron que la lucha será de largo aliento y las grandes mayorías del país, con o sin gobierno necesitan alimentarse, trabajar y garantizar el sustento.
Existe una delegación permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que tiene presencia en Guatemala con el propósito de apoyar la transición democrática para el próximo gobierno. Luis Almagro, secretario general de la OEA, ha señalado las graves violaciones de derechos humanos, civiles y políticos ante la asamblea general de la OEA y la Unión Europea. La comunidad internacional tiene sus ojos puestos en Guatemala; sin embargo, Alejandro Giammattei, Miguel Martínez, los diputados, los funcionarios y las cámaras empresariales han creado una contranarrativa en radio, prensa, televisión y redes sociales para deslegitimar la digna resistencia de la población y responsabilizan directamente a Bernardo Arévalo de las manifestaciones que ya llevan 26 días.
Aunque hay esfuerzos internacionales para persuadir a la administración actual, la diplomacia ha sido incapaz de sancionar rápida y oportunamente al gobierno, funcionarios y empresarios financistas del golpe de estado en Guatemala.
Ante ello, nos queda la ternura, la organización, la libre determinación de los pueblos, las sonrisas, el juego, las calles y las plazas.
Peleamos contra el dinosaurio, que sigue ahí, enquistado en las zonas exclusivas de Cayalá, Carretera a El Salvador, zona 14 o Vista Hermosa, zona 15; y se alimentan del Ministerio Público, del Congreso, de la Corte de Constitucionalidad, del Organismo Judicial, del Ministerio de Gobernación, del Congreso de la República y Gobierno de Guatemala.
Intervención callejera que Kolibrí Azul y una colectiva feminista hizo en alusión al crimen estatal de las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción en el gobierno y bajo órdenes de Jimmy Morales, el 8 de marzo de 2017.
* Arquitecto, poeta y gestor cultural. Cofundador del “colectivo vos”, uno de los colectivos organizadores de las protestas en Quetzaltenango en 2015. Miembro del Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango y la Multisectorial de Occidente, colectivos de sociedad civil conformados en 2016 y 2022. Autor de libros de poesía: Díptico, Per-versos y coautor con 21 poetas guatemaltecos en el Dossier L, además del libro La fuerza de las plazas, que documenta las acciones y protestas durante el 2015. Escritor en blogs, periódicos y revistas de opinión en Guatemala.
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