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Crónica
Ilustración: Danilo Hernández
Antes y durante el régimen: violencia obstétrica contra privadas de libertad
Laura Flores Amaya *
Octubre 20, 2023
Desde antes del régimen de excepción el sistema penitenciario ha recibido a decenas de mujeres que cumplen condenas mientras están en período de gestación. Ellas carecen de atención médica y, en algunos casos, enfrentan violencia obstétrica. Sus hijos son víctimas inocentes de las fallas del sistema penitenciario y de la falta de protección legal para su situación particular. Ahora, con el régimen de excepción, la situación solo se ha agravado.
Maribel apenas sonrió cuando el médico le dijo que pronto daría a luz por segunda ocasión y que sería una niña. Era 2019, y mientras el doctor le daba la noticia, el grillete le apretaba el pie. Lo único que podía pensar en ese momento es que estaba privada de libertad desde hace cuatro meses. Afuera del consultorio, un custodio esperaba su salida, con un arma en la cintura.
Aquel día de su octavo mes de embarazo era diferente a los anteriores, en los que había estado embarazada y recluida, hacinada en una bartolina, enfrentando desmayos y sangrados. Este día, por fin, tuvo la atención médica que le había hecho falta. Había esperado mucho para saber que su bebé estaba bien y que sería una niña. Como ella, otras mujeres salvadoreñas en procesos prenatales al interior de centros penales carecen de los controles médicos a los que tienen derecho y atraviesan por situaciones que, según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), constituyen violencia obstétrica.
El Estado ha designado la Granja Penitenciaria de Izalco como el único recinto con un centro infantil en el que las mujeres que viven sus embarazos mientras están privadas de libertad pueden tener cuidados especiales. También es el único centro penal en el que los niños y las niñas menores de 5 años pueden estar con sus madres y, a la vez, convivir con su familia en el exterior. Eso es lo establecido, pero la realidad es diferente. Maribel y otras exprivadas de libertad afirman que falta mucho para que haya atención prenatal adecuada y para que los infantes gocen de los cuidados a los que tienen derecho y que el Estado promete en el papel. Con la entrada en vigencia del régimen de excepción, esto está aún más lejos.
Según lo expresado por instituciones gubernamentales en febrero de 2023, no está claro si existe un protocolo que seguir en estos casos. Mientras el Ministerio de Salud (MINSAL) afirma que existe una hoja de ruta, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) explicó —en su momento— que no hay nada oficial. La Dirección General de Centros Penales (DGCP), por su parte, afirma que esa información no es pública y la Procuraduría General de la República (PGR) reconoce que no tiene protocolos.
Mujeres salvadoreñas en procesos prenatales al interior de centros penales carecen de los controles médicos a los que tienen derecho.
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Maribel estuvo en la granja de Izalco en 2019, desde su sexto mes de embarazo, pero el paso de las mujeres gestantes por el sistema penitenciario no necesariamente inicia en este penal, sino en otros, y muchas veces tardan en llegar al de Izalco. Maribel afirma que fue trasladada a ese centro después de dos largos meses en las bartolinas de San Miguel, pese a que las autoridades sabían de su condición, ya que la declaró en el momento en que le tomaron datos.
Durante ese periodo en la penitenciaría de San Miguel vivió en una celda con más de 80 personas, mientras soportaba los síntomas de sus primeros meses de embarazo. Maribel cuenta que había días en los que el calor sofocante le generaba mareos y náuseas. Otros en los que tenía sangrados inexplicables y, aunque ya había reportado a los custodios que estaba embarazada, nadie la atendió. En tres ocasiones se desmayó en la celda y fueron las otras privadas de libertad quienes la ayudaron a recuperarse, cuenta.
Fue hasta el tercer desmayo que la sacaron a pasar consulta, cuando estaba a punto de ser trasladada a Izalco. Para entonces ya tenía una infección avanzada y le confirmaron que tenía un embarazo de alto riesgo, como había sido el de su primera hija. “Ya tenía la infección y no me querían llevar al hospital de emergencia, había probabilidades de que el bebé se me viniera, mis embarazos son de alto riesgo. Se me vino de siete meses el primero, se vino antes”, recuerda.
Las condiciones en que vivía en las bartolinas de San Miguel no eran las adecuadas para una persona en su condición —en realidad, para ninguna persona—. La celda no tenía espacio suficiente para recostarse a dormir, así que, con sus cuatro meses de embarazo y la debilidad de su cuerpo, hacía lo que el resto: esperaba turno para dormir. Se quedaba de pie o sentada mientras otras dormían, y compartía la letrina, que era un hoyo en la tierra, con las otras privadas de libertad.
Las mujeres recluidas en centros penales son personas que están a cargo del Estado y la privación de libertad no las excluye de gozar del resto de sus derechos, explica Zaira Navas, experta en temas de seguridad. “Todos los derechos que no están limitados por la pena privativa de libertad, están habilitados para la persona. Esto quiere decir que le están vigentes los derechos sexuales y reproductivos”, afirma.
A esto se suma que el país, como Estado parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), se comprometió a garantizar que las mujeres reciban “servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia”.
De estos derechos no era consciente Maribel, pero sí sabía que estaba pasando su embarazo en condiciones muy precarias.
Las mujeres recluidas en centros penales están a cargo del Estado y la privación de libertad no las excluye de gozar del resto de sus derechos. Zaira Navas, experta en temas de seguridad.
Graves deficiencias en la atención a mujeres gestantes privadas de libertad
Cuando Maribel llegó a la granja de Izalco, el centro donde debía recibir atención apropiada a su condición de gestante, tampoco fue llevada a sus controles prenatales. Para entonces ya tenía seis meses de embarazo y fue hasta el octavo mes que pudo pasar consulta, ese día en que le dijeron que tendría una niña.
En relación a los protocolos para la atención de mujeres gestantes privadas de libertad, se consultó al MINSAL, entidad que envió un documento que contiene la “Ruta de Transición para la Atención de Niños, Niñas que egresan del Centro Penitenciario para Mujeres Granja de Izalco”. Según ese documento, la ruta inicia desde el momento en que se detecta un caso de embarazo al interior de un centro penitenciario y finaliza cuando el infante, cumplidos los 5 años de edad, debe abandonar la granja.
La inexistencia de un protocolo unificado, oficial y en ejecución ha desembocado en violaciones a los derechos reproductivos de las privadas de libertad y en violencia obstétrica, definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como maltrato físico, humillación y abuso verbal, procedimientos médicos coercitivos, no consentidos o no informados, descuido en la atención o violaciones graves a la intimidad durante el embarazo o el parto.
Este tipo de violencia no tiene sanción en ninguna ley salvadoreña, ni en la Ley Especial, Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV, 2010) ni en la publicitada ley Nacer con Cariño para un Parto Respetado y un Cuidado Cariñoso y Sensible para el Recién Nacido (2021).
Dar a luz atada
Cuando se acercaba el noveno mes de embarazo de Maribel, su salud comenzó a decaer. Faltaban dos semanas para la fecha establecida en que daría a luz cuando pidió que la llevaran a consulta. El médico le dijo que tenía que hacerse una cesárea el mismo día y la condujo a la sala donde le harían la cesárea.
El custodio la acompañaba, mientras ella sentía el peso de su vientre abultado y la presión del grillete en el pie. Se lo quitaron cuando iba a ser anestesiada. Cuando despertó, se dio cuenta de que estaba atada a la cama, de nuevo.
“La verdad es que cuando estaba recién operada, estuve entrando a sala de operación, yo iba con grillete en los pies, y aun recién operada yo iba con grillete en los pies. Eso es lo más terrible que puede suceder en esos momentos, porque imagínese aquel dolor que uno tiene de su parte para abajo, y amarrada de los pies, es algo bien terrible”, cuenta Maribel.
La ley Nacer con Cariño es la primera legislación que establece parámetros para un parto respetado, aunque en ella no se han incluido medidas específicas para las privadas de libertad.
Dar a luz con un grillete no es una experiencia que solo vivió Maribel. Una exprivada de libertad que tuvo un parto natural en 2019, dijo que también tuvo a su bebé con el grillete puesto. A ella, Centros Penales le dio una autorización para salir al hospital hasta que ya estaba a punto de dar a luz. Apenas hubo tiempo de llegar a la sala de partos y no lo hubo para quitarle el grillete. Dio a luz atada a la cama. Otra exprivada, que dio a luz en 2010, aseguró que se lo quitaron justo antes del parto.
Una médica de un hospital público de San Miguel, quien prefirió no revelar su identidad, confirmó que las mujeres permanecen atadas hasta que llegan a los siete centímetros de dilatación. “En esa fase activa, uno le pide al guardia que le quite el grillete, pero siempre el guardia está enfrente de ellas; y ya cuando terminan de parir, que las pasan a un área donde les llevamos los signos vitales, ahí les vuelven a poner el grillete”, detalló al ser consultada.
Otra médica del sistema público de la zona central, dice haber conocido casos donde el custodio pretendía que el parto ocurriera con el grillete puesto, pero el personal de salud no se lo permitió porque, afirma, esto afecta la labor de parto. “Afecta en que no pueden moverse libremente para realizar ejercicios y obviamente la relajación que debe de haber se pierde bajo ese estrés”, explicó. “Si ahora pasara eso, evidentemente estaría contra el espíritu de la ley, ya que se le estarían violentando los derechos que la misma ley protege y podría ser objeto de denuncia”, agrega.
La ley a la que hace referencia es Nacer con Cariño para un Parto Respetado y un Cuidado Cariñoso y Sensible para el Recién Nacido, aprobada en 2021 por la Asamblea Legislativa, a petición del ejecutivo. Esta es la primera legislación que establece parámetros para un parto respetado. Una médica y un jurista consultados para esta nota señalan que en la ley no se han incluido medidas específicas para las privadas de libertad.
“Toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, tiene los siguientes derechos: a ser tratada con calidez, respeto, y de modo individual y personalizado que le garantice la intimidad; logrando un ambiente relajado y seguro para el binomio madre hijo durante todo el proceso asistencial”, determina el artículo 5 de la ley Nacer con Cariño en su primer literal.
Incluso, en el literal “n” de esta ley, se establece el derecho a la libertad de movimiento como fundamental para el parto. “A la libertad de movimiento durante el trabajo de parto y el nacimiento a optar por posturas más cómodas para ella, que contribuyan a la evolución satisfactoria del parto”, dice.
De acuerdo con Zaira Navas, experta en temas de seguridad, en el sistema penitenciario hay falencias en todo el proceso. Desde la fase prenatal hasta el posparto. Según ella, los centros deberían contar con las condiciones para que las mujeres tengan acceso a la salud durante sus embarazos. También para que el bebé tenga, desde antes del parto, los cuidados que requiere. En ese sentido, señala un vacío en la ley Nacer con Cariño.
“Los centros penales deberían acondicionar sus instalaciones para que las mujeres reciban todo el proceso antes del parto, todas las atenciones, el seguimiento que debe tener, para garantizar que tenga un parto adecuado, por eso es contradictorio que la ley Nacer con Cariño no incorpore medidas específicas para las mujeres privadas de libertad, principalmente porque debe haber controles prenatales”, explica.
En el contexto del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, han sido detenidas mujeres embarazadas. Las familias de muchas de ellas no han logrado obtener información sobre su situación.
Además, asegura que el hecho de que las privadas de libertad permanezcan con grillete mientras están en labor de parto, es violatorio de sus derechos. “Para que la mujer pueda tener un parto sin violencia y con todas sus condiciones físicas, y pueda (el bebé) nacer sin ninguna afectación, la mujer no tendría por qué estar con un grillete en sus pies o estar encadenada, porque es imposible que una mujer pueda fugarse en el momento que está teniendo un parto. Esto es violatorio a la integridad personal, pero también al derecho a la salud, tanto de la madre, como del recién nacido”, detalla.
Ser una “rusa”
A los cinco días del parto, trasladaron a Maribel al penal. Allá, cuenta, tuvo que lidiar con el dolor de la cirugía, una alimentación deficiente y curarse sin el cuidado de nadie. “Yo era una rusa”, dice con tono triste. Así se les llama a las mujeres privadas de libertad que no tienen familia que responda por ellas. Es decir, nadie les envía o les lleva artículos de primera necesidad ni dinero. Esto se complica cuando se tiene un recién nacido en la cárcel.
“Cuando llegué del hospital sólo tenía un pamper en mi maleta y una muchacha de ahí mismo hizo la recolecta con los demás cuartos. Empezó a pedir para mí, a decir que me ayudaran porque yo había tenido a la bebé”, cuenta Maribel.
Apenas cumplió un mes de haber tenido la cesárea cuando tuvo que trabajar para ganar dinero y comprar lo que necesitaba, además de cuidar a su hija. Es una práctica que algunas privadas de libertad trabajen para otras, por centavos. “Ya bien noche me ponía a lavar trastes o jalaba comida, hacía limpieza, porque hay unas que no les gusta hacer nada”, dice Maribel.
Otras mujeres sí tienen familiares que respondan por ellas. Sin embargo, las que fueron medidas extraordinarias en los centros penitenciarios desde el 2016, para el 2019 se convirtieron en ley de la República. Una de estas medidas daba al director de cada recinto el aval para suspender las visitas de forma total o parcial por un plazo máximo de treinta días, por “motivos de caso fortuito o fuerza mayor”, entre otros. De hecho, desde el inicio de la cuarentena por la COVID-19, ningún centro penal del país recibe visitas. Tampoco la Granja Penitenciaria de Izalco.
Para Maribel transcurrieron los meses hasta que, cuando su hija ya tenía casi 2 años, fue liberada. Continúa su proceso en libertad, porque no lograron probar su delito. Para este reportaje, sin embargo, fue imposible reunirse con ella y con otras dos exprivadas de libertad, por temor a una captura en el marco del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. En este contexto, además, han sido detenidas mujeres embarazadas de las que su familia no tiene información y no hay datos publicados.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF)
* Periodista salvadoreña
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