Al realizar una síntesis de lo acontecido en el año 2021, queda claro que fue un año de socavamiento profundo en la estabilidad institucional en los países de la región norte de Centroamérica, en cada uno con sus complejidades y matices.

Lo acontecido reafirma la conceptualización realizada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, al respecto del manejo de la cosa pública en la región, la cual responde al funcionamiento de redes político-económicas ilícitas, definidas como: redes de poder insertadas en la política y los negocios; que ya no responden a una orientación ideológica sino a intereses de enriquecimiento ilícito; que funcionan más bien bajo una lógica de oportunismo, flexibilidad y un continuo entre lo formal y lo informal más que como estructuras criminales permanentes; y, que tienen la capacidad de generar una suerte de contrainteligencia judicial para procurarse impunidad.

Y esta última característica, es la que más ha subrayado el comportamiento de estas redes en el 2021, particularmente en Guatemala, donde desarrollé mis funciones como fiscal. El último tramo de mi desempeño profesional en la Fiscalía que trabajó de la mano de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, pude ser testigo y víctima de ese esquema que se ha trazado como finalidad la garantía de impunidad.

Atestigüé la dinámica que transitó por la brecha de la recomposición de la fuerza motora de la impunidad, garantizada con la prolongación de las funciones de la actual Corte Suprema de Justicia, la conformación de una Corte de Constitucionalidad, a medida de las aspiraciones del Ejecutivo, y por supuesto, un Ministerio Público acorde con los intereses de estos aparatos: punto final a eventuales investigaciones de actos de corrupción de la administración gubernamental actual.

Se centrará la atención en el próximo 2022, en la elección de Fiscal General, proceso en el que no existen expectativas positivas, pero ante una circunstancial nómina de profesionales probos, puede convertirse el Ministerio Público en la institución que apuntale los esfuerzos por cambiar el lastre en el que se encuentra imbuido el sistema judicial de Guatemala.

En la vecindad, El Salvador en el 2021, mostró uno de los peores rostros de las redes político-económicas ilícitas. Como es del conocimiento general, las acciones de la actual mayoría legislativa, trastocaron la ya débil institucionalidad judicial: la destitución del Fiscal General y el nombramiento de un fiscal que garantizará la impunidad de eventuales actos de corrupción de la administración gubernamental actual.

Que pasa además por temas tan relevantes, como la conformación de una Sala Constitucional al capricho del gobernante, así como la aprobación de una ley que de tajo deja fuera a jueces de la más amplia experiencia, y que en forma directa afecta algunos casos de la justicia transicional.

Paradójicamente, Honduras, que hace unos meses despertaba las menores expectativas de un recambio positivo en la institucionalidad judicial, hoy ante la reciente elección presidencial, la esperanza de la mejoría general y particularmente del sistema de justicia se convierte en una aspiración que puede ser cumplida, si se condensan los factores básicos para llegar a ese puerto.

Pasa por la voluntad del cumplimiento de las promesas electorales, que se materialicen los ofrecimientos del apoyo de la comunidad internacional, la perenne vigilancia de la prensa independiente, el seguimiento de la sociedad civil organizada, pero como en todo proceso de transformación, la responsabilidad fundamental es de la ciudadanía.

El caso hondureño puede ser un ejemplo de metamorfosis política, que puede afectar positivamente en el fortalecimiento de las instituciones de justicia. Falta ahora dar el salto de la esperanza a la materialización de las expectativas.

Por un mejor 2022, que la esperanza nunca muera.