El martes 29 de agosto leímos en el periódico El País la noticia de la condena de siete militares en Chile por el asesinato de Víctor Jara en 1973. El cantautor fue capturado al día siguiente del golpe de Estado que dieron los militares, con el general Augusto Pinochet a la cabeza, por el que se instauró una dictadura militar que duró 17 años. Víctor Jara fue llevado al Estadio Chile junto con varios miles de personas más. Su cadáver fue arrojado cuatro días después en la vía pública, con 56 fracturas en sus huesos y 23 disparos. Uno de los militares condenados por la sentencia del lunes 28 de agosto de 2023 de la Corte Suprema de Chile se suicidó antes de ser capturado para responder por sus crímenes.

Inevitablemente nos llevó a preguntarnos ¿y nosotros cuándo? A ellos les tomó 50 años llegar a ese veredicto. Nosotros llevamos 40. ¿Cuándo serán juzgados y condenados los asesinos intelectuales y materiales de Rutilio Grande, del padre Rafael Palacios, de Febe Elizabeth Vásquez, de los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario y de tantos desaparecidos de los que sus familias nunca supieron lo que pasó con ellos?  ¿Cuándo serán juzgados y condenados los perpetradores de las masacres de población civil de El Calabozo, La Quesera, Santa Cruz, el Sumpul, los estudiantes del 30 de julio de 1975, la masacre del 8 de mayo de 1979 frente a Catedral Metropolitana? 

Lo que sucedió en El Salvador en las décadas de los años 70 y 80, antes y durante el conflicto armado en términos de represión de la población civil fue realmente abominable y la justicia todavía se hace esperar. Han pasado cuatro gestiones de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que representa a la derecha tradicional del país, dos gestiones del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y ahora estamos bajo la gestión del partido Nuevas Ideas (NI), pero independientemente de quién esté en el poder la justicia por tantos asesinatos y masacres no parece avanzar. ¿Qué poder puede estar detrás de ese «olvido» que trasciende gestiones y cortes supremas de justicia? 

Hemos leído que algunos dicen que «no hay que abrir las heridas del pasado». Una amnistía decretada después de los Acuerdos de Paz de 1992 intentaba evitar que los asesinos fueran procesados. Esa amnistía se levantó en 2016 y las heridas siguen «cerradas». Cerradas, pero, por debajo, una infección purulenta se extiende por todo el cuerpo de nuestra querida nación. Esa infección, esa enfermedad se llama impunidad y continúa asolapando los nuevos abusos, los nuevos muertos, los nuevos desaparecidos sin que, al parecer, se pueda hacer algo, y reforzando el mensaje de que aquí se puede violar, asesinar, capturar, torturar, robar, desaparecer personas, desaparecer documentación y no pasa nada. 

Lo importante, parece ser, es continuar percibiendo esa ilusión de paz. Pero es solo eso, una ilusión que ya deja entrever lo que oculta, lo que empaña, lo que esconde en favor no de la población, sino de criminales del pasado y del presente que van a seguir haciendo de las suyas bajo el manto de complicidad que todos nosotros les extendemos y garantizamos.