La historia reciente de El Salvador y su perfil internacional se reduce a listas.

El país ha ganado a pulso ser parte de listados sobre deterioro democrático, corrupción, violación a los Derechos Humanos, pésimo y crítico manejo económico y fiscal, entre otros indicadores comparativos.

Nuestro debut en la Lista Engel –bautizada simbólicamente así para honrar la dedicación a Centroamérica del congresista Eliot Engel– fue proverbial pues la misma fue promovida por los legisladores que tres meses antes habían escrito dos cartas al presidente Nayib Bukele en las que le expresaron su preocupación por el asalto militar que había perpetrado en la Asamblea Legislativa el 09/02/20 y la consiguiente vulneración institucional.

Dos años después, la mayoría de esos firmantes ganan su reelección para el bienio 2023-2025. Por los republicanos:  David Joyce (Ohio), Brian Fitzpatrick (Pennsylvania), Alex X. Mooney (Virginia) y Mario Díaz-Balart (Florida). Por los demócratas: James McGovern (Massachusetts), Joaquín Castro y Vicente González (Texas), Gregory Meeks y Adriano Espaillat (New York), y Juan Vargas y Norma Torres (California).

Miembros del círculo interno del Sr. Bukele, ex funcionarios de gobierno, empresarios, y hasta magistrados de la Sala de lo Constitucional espuriamente instalados tras el segundo gran golpe a la institucionalidad el 01/05/21 (autores de una interpretación inconstitucional sobre la reelección presidencial), han sido señalados y sancionados bajo la Engel.

The 1841 Foundation, en su índice de responsabilidad fiscal, ubica a El Salvador a un centímetro de ser “infierno”. Este índice correlaciona un “infierno fiscal” con “gobiernos de baja calidad, alta corrupción y discrecionalidad, una gestión económica pobre e instituciones débiles”. 

Somos el único país de la lista de quienes adoptaron el Bitcoin como moneda de curso legal. Bukele pronosticó que en 2022 se sumarían dos países sin decir cuáles. Persiste con el Bitcoin sin importarle que su colapso global lo exhibe como un esquema de fraude y lavado de dinero. 

Nuestro agravante: si bien Bukele ofreció a nuestros migrantes tasa cero de comisión, dice el Banco Central de Reserva (BCR) que sólo dos de cada 100 dólares mensualmente remesados lo son vía Bitcoin, es decir, la diáspora abandonó al presidente en su proyecto estrella que derivaba en “Bitcoin City” y “Bonos Volcán”. Con el desplome del Bitcoin, no es un extremo vaticinar que su uso como vía de remesas se reducirá a casi cero. 

Por un pelito, no caímos en la lista de desafiliados o suspendidos de la FIFA. La propia FIFA abortó la intervención del gobierno en el fútbol, haciéndonos un gran favor. Pero sí caímos en la lista de quienes se apartaron del mundo democrático –unos 35 más o menos (Corea del Norte, Nicaragua, Birmania, Venezuela)– al ordenar Bukele no condenar en la ONU la cobarde agresión del tirano ruso Putin contra Ucrania. Nuestros aliados históricos -Europa, Norteamérica, Japón, Corea del Sur- se preguntan por qué El Salvador al que han apoyado en las buenas no se suma hoy a una causa común en las malas.

¿Caer en la lista 13848 será tocar fondo? 13848 se numera la Orden Ejecutiva de EE. UU. para castigar el interés de agentes extranjeros (gobiernos, empresas, particulares) por interferir en las elecciones en EE. UU. En la 13848 están desde cómplices de Putin –Yevgeny Prigozhin dijo desde Moscú: “Hemos interferido en las elecciones, estamos interfiriendo y seguiremos interfiriendo”– hasta “empresas” iraníes fantasmas al servicio del clero fascista chií. 

Pero desde el tweet de Bukele (01/04/21) en el que llamó a los electores latinoamericanos del Distrito 35 de California a “NO VOTAR” (en mayúsculas) por la congresista Torres, las acciones orquestadas por sus leales y hasta por cónsules salvadoreños en EE. UU. encarnan el concepto que enfoca la ley: “La interferencia electoral extranjera incluye la actividad de una persona extranjera que viola la ley penal federal, los derechos de voto o el financiamiento de campañas, o cualquier actividad realizada por cualquier persona que actúe como agente o en nombre de, o en coordinación con, un gobierno extranjero o empresa criminal con la intención específica de interferir en las elecciones estadounidenses”.

Por la invasión militar de Bukele al recinto legislativo y la espantosa primera etapa del COVID, etiqueté al 2020 como “Annus Horribilis”, pero el 2022 –lista por lista– supera lo mínimamente racional para una nación pequeña y periférica que debiera estar reconciliada y en ruta al desarrollo tras haber asesinado un santo en 1980, sufrir una guerra civil de 12 años, y haber firmado la paz en 1992.